La ideología detrás del urbanismo

La semana pasada nos preguntábamos el motivo por el que no construimos más viviendas, cuando resulta evidente que es la solución para el problema de acceso que sufre la población española.

Entre los motivos que enumeramos, el primero de todos fue el funcionamiento de los planes urbanísticos, aunque como era un tema extenso prometimos abordarlo en un monográfico. Hoy saldamos nuestra deuda, y lo haremos utilizando como ejemplo un caso que ha generado mucha atención mediática y en redes sociales en las últimas semanas: la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la anulación del plan de transformación de las antiguas cocheras de Metro en Cuatro Caminos (Madrid) para construir 443 viviendas.

El inicio de esta historia se remonta al año 1919, cuando se abrió en Madrid la primera línea de Metro, que unía la Puerta de Sol con Cuatro Caminos. En esta terminal de la línea se construyeron unas cocheras donde albergar los trenes, obra del arquitecto Antonio Palacios, autor entre otros del Palacio de Cibeles.  

A partir de los años 70 el uso de estas cocheras y el complejo de talleres a su alrededor fue decayendo, hasta que acabó siendo una instalación industrial abandonada con un extenso espacio a su alrededor. Hablamos de una parcela de 65.000 metros cuadrados en una ubicación que había pasado a ser muy céntrica, y a la que parece razonable que se debería dotar de utilidad.

En el año 2014 se constituye una cooperativa de viviendas, llamada Residencial Metropolitan, en la que 443 familias ponen su dinero para promover la construcción de otras tantas viviendas en el solar que ocupan las cocheras, que en este punto ya se han convertido en uno de los ejemplos más antiguos de patrimonio industrial ferroviario en España.

Pero claro, en el plan urbanístico de Madrid, conocido como PGOUM (Plan General de Ordenación Urbana de Madrid) y que data del milenio pasado (literalmente de 1997), no está contemplado que ese suelo sea residencial, sino dotacional de transporte. Por lo que es necesario esperar hasta que este pueda ser recalificado. Contando con que llevamos 29 años con el mismo plan urbanístico, empieza a intuirse que por algún motivo no es tarea sencilla aprobar uno nuevo.

Cuando en 2015 Manuela Carmena sucede a Ana Botella en la alcaldía de Madrid se encuentra ya presentado el proyecto de recalificación, y aunque en un primer momento intenta frenarlo, finalmente acaba cediendo a las presiones de los 443 cooperativistas, que ya han invertido su dinero para tener una vivienda y que ahora exigen respuestas de la Administración.

Y es que el Ayuntamiento de Madrid no puede negarse legalmente a la demolición de las cocheras porque estas no cuentan con la calificación de BIC (Bien de Interés Cultural). La cuestión es que esa calificación no puede darla el ayuntamiento, sino que depende de la Comunidad de Madrid, que en ese momento lideraba Cristina Cifuentes, del Partido Popular, y que en repetidas ocasiones negó tal calificación. Por ello el Ayuntamiento de Madrid no tenía argumentos jurídicos para oponerse a los que solicitaban los cooperativistas, incluyendo la demolición de las cocheras. De forma que así se aprobó en 2018 una MPG (Modificación Puntual del Plan General de Urbanismo).

Durante los siguientes tres años se fueron completando las etapas que requiere convertir un suelo en residencial: un Plan Parcial y un proyecto de reparcelación, un proyecto de urbanización y la obtención de una licencia de demolición, el proyecto de retirada del amianto que se había utilizado en la construcción de las cocheras, la aprobación del proyecto por la Comunidad de Madrid… Todo ello aderezado con un cambio de gobierno municipal en 2019, por el que el asumió la alcaldía José Luis Martínez-Almeida del Partido Popular, y una pandemia global de COVID-19. Retrasos y retrasos. Siempre justificados de alguna forma, pero retrasos.

Un momento clave de la historia está en 2021, cuando el ayuntamiento de Madrid concede la licencia de demolición de las históricas cocheras. Desde el primer momento las asociaciones de defensa del patrimonio, como Madrid Ciudadanía y Patrimonio y Ecologistas en Acción, se opusieron judicialmente al plan, recurriendo ante el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) la MPG aprobada por Manuela Carmena en 2018 (también se habían opuesto al proyecto presentado por Ana Botella en 2015). Entre las medidas que solicitaron se encontraba la suspensión cautelar del proyecto, pero la Justicia se lo denegó al considerar que el daño que se produciría a las 443 familias si se paraba el proyecto sería mayor que la demolición de las cocheras.

De forma que en marzo de 2021, aunque el proyecto estaba recurrido en los tribunales a la espera de sentencia, las excavadoras contratadas por la cooperativa entraron en el solar y demolieron las cocheras. En abril de 2021, con la demolición ya empezada, el TSJM emite su sentencia anulando la MPG, y con ello la demolición. Ahora bien, las excavadoras no se detuvieron, porque la sentencia es de obligado cumplimiento si esta es firme… y el Ayuntamiento de Madrid la recurrió al Tribunal Supremo y no detuvo las obras, en el convencimiento expreso de que este le daría la razón y revocaría la sentencia del TSJM.

Pero en marzo de 2026 el Supremo lo que hizo fue confirmar la sentencia del TSJM, declarando nula la MPG. Cuando un tribunal declara nulo un acto significa que nunca debió existir y que por tanto hay que devolver la situación a cómo estaba antes. Solo que ya no es posible devolver las cocheras a su estado original.

Y esto significa que no se puede construir en esa parcela, porque la MPG es como si nunca hubiese sucedido. De forma que ahora los cooperativistas y el Ayuntamiento de Madrid tendrían que empezar de nuevo el proceso, aunque ahora será algo más sencillo porque las asociaciones en defensa del patrimonio ya no tendrán nada que proteger.

Como decíamos al principio, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJM se ha montado un considerable revuelo por esta noticia, como ya es habitual, entre dos posturas antagónicas: las que celebran el fallo del tribunal y quienes la critican. Entre estos segundos uno de los argumentos más utilizados ha sido reprochar a las asociaciones de defensa del patrimonio que hayan priorizado la conservación de unas cocheras de Metro, por muy antiguas que fuesen, en lugar de proveer de una vivienda a 443 familias.

Sería un debate ideológico legítimo, porque en algún lugar hay que establecer el límite entre no conservar ningún elemento arquitectónico de nuestro pasado, que de alguna forma nos arraiga en quienes somos hoy, y conservarlos todos, lo que haría imposible el progreso de nuestras ciudades y proveer de comodidades actuales a sus habitantes. En todo caso, resulta sorprendente que en este caso los conservacionistas del patrimonio sean los partidos y movimientos progresistas, mientras que los conservadores sean los que promueven la eliminación de patrimonio en pos del progreso social. Paradojas de la política actual, que hacen sospechar que en ambos casos los argumentos son una mera excusa.

Por ejemplo, esto contrasta especialmente con las posiciones ideológicas respecto a la belleza del urbanismo, ya que cuando se crítica que se haya abandonado la estética en la construcción, los progresistas que apoyan esta evolución indican con acierto que esto ha permitido tener acceso a comodidades a muchas más personas. Es decir, que en este caso la posición ideológica es coherente: en lugar de construir belleza, construyamos acceso universal. Lo curioso es que cuando tienen que elegir entre conservar belleza ya construida y dar acceso a vivienda, en ese caso, los progresistas prefieren priorizar la defensa del patrimonio, lo que sugiere como decíamos que su oposición podría deberse a otro motivo…

Pero es que si acudimos a la sentencia del TSJM que anula la MPG, vemos que la cuestión del patrimonio, por mucho que ha generado los mayores aspavientos y comentarios, no ha sido la causa fundamental. El tribunal utiliza la reclamación de las asociaciones para reforzar el verdadero motivo por el cual tumba la modificación del plan urbanístico: esta se ha realizado de forma arbitraria y para favorecer a los promotores de las viviendas.

Una modificación de un plan urbanístico no debe descansar en la solución de una promoción de viviendas, sino que debe poner una mirada más amplia en la ordenación del territorio urbano, y además la ley exige que se hayan valorado otras alternativas. Si no se ha planteado siquiera otra opción que la demolición de las cocheras, el tribunal entiende que la decisión del Ayuntamiento de Madrid estaba tomada de antemano, y únicamente pretendía dar cobertura legal al plan de los cooperativistas. Es decir, el comportamiento arbitrario que se le reprocha.

Ahora bien, en lugar de hacer una MPG, para resolver un problema puntual, lo que parece lógico es que se actualizase todo el plan urbanístico de Madrid. Nunca es algo sencillo, porque hablamos de una ciudad grande y compleja, que además está aumentando mucho su población… Pero es que hace treinta años del último plan. Está claro que el tiempo no es el problema, ni tampoco es un asunto técnico. La cuestión es puramente ideológica.  

Desde que a finales del siglo XIX el Estado se arrogó la potestad de la ordenación del urbanismo, y especialmente desde que en 1956 se promulgó la Ley del Suelo, cuando un ayuntamiento concede una licencia de obra o recalifica un terreno permitiendo que se pueda construir en él, está haciendo rico a esa persona que obtiene el permiso. Directa y llanamente. Es el Estado quien decide quien medra y quien sigue siendo pobre, en lo que a urbanismo se refiere. Y aquí es donde entra la cuestión ideológica que bloquea los planes urbanísticos: ¿A quién debe beneficiar el urbanismo? E incluso ¿a quién no debe beneficiar?

El urbanismo no va de proveer viviendas y equipamientos, sino de decidir quién debe ganar dinero con ello.

Hay una postura política que defiende que, dado que es el Ayuntamiento de Madrid quien genera la riqueza, este debe recibir su parte. Por un lado en impuestos, y por otro en cesiones de parte del terreno para usos municipales (como parques, bibilotecas, centros cívicos, etc…) y la construcción a cargo del promotor inmobiliario de dotaciones que después cede al ayuntamiento. Con mi autoridad te hago rico, pero tu me devuelves una parte para que yo la gestione.

De hecho, una de las soluciones a la falta de vivienda es la densificación, especialmente en altura. Construir más viviendas en el mismo suelo. Y uno de los motivos por los que no se hace es porque si se permiten muchas viviendas en el mismo suelo, los promotores ganarían demasiado dinero.

Pero no queda ahí. Porque dentro del espectro político están quienes creen que deben controlar que los promotores no ganen demasiado dinero gracias a los permisos, imponiéndoles costes y cesiones dotacionales, pero hay quienes además defienden utilizar el urbanismo como herramienta de ingeniería social. Por ejemplo, obligando al promotor a destinar un porcentaje del edificio a vivienda social, para forzar la convivencia con personas que quizás los clientes del promotor no desean como vecinos. De esta forma se desnaturaliza el producto inmobiliario que el promotor pretende vender a sus clientes, y aquel desiste de construir, porque cuando uno decide mudarse a una nueva vivienda, por el motivo que sea, suele informarse de con quién va a convivir.

Aunque sobre este tema se podrían derramar litros de tinta, lo cual probablemente suceda, por ejemplo hablando de la paralización del edificio del Ministerio de Defensa en El Viso (Madrid), del movimiento NIMBY (Not In My Backyard, que se opone sistemáticamente a que construyan nada cerca de su casa, porque es molesto, porque reduce el valor de su propiedad, o directamente porque ya no tenemos ningún incentivo a tener vecinos), o de como desde la crisis inmobiliaria de 2008 los concejales de urbanismo parecen haber perdido alguno de sus incentivos para agilizar la construcción de viviendas, hace ya un par de párrafos que llegamos a nuestro autoimpuesto límite de consumo de vuestra atención dominical.

Sería tentador argumentar que, por ejemplo, en una crisis de vivienda que ya toma tintes sociales muy graves, las asociaciones de patrimonio podrían considerar más prioritario dar cobijo a las familias actuales que salvaguardar unas cocheras de Metro, por muy celebre que sea su arquitecto entre la comunidad arquitecturil (lo cual ni siquiera sería del todo correcto, porque el lugar donde estaban las cocheras no iban casas, sino una de esas zonas verdes que están obligadas a ceder los promotores al ayuntamiento). O también cuestionar a quienes, para evitar que se lucren los promotores inmobiliarios, dificultan la construcción de las viviendas que la sociedad claramente necesita.

Ahora bien, en el otro extremo ideológico también encontramos posicionamientos interesantes respecto a quien y cómo consideran que se han de beneficiar los promotores con el urbanismo. Volvamos a nuestro caso de las cocheras de Cuatro Caminos. Recordad que el TSJM había rechazado la MPG por la arbitrariedad de la misma. Pero es que dentro de ese apartado el tribunal reprocha que en el plan de los promotores, de cara al cálculo del terreno que por normativa deben ceder al ayuntamiento por haber sido agraciados con los correspondientes permisos, estos habían incluido la cesión de una parte de la Calle Esquilache.

Es decir, estaban cediendo un terreno que ya es propiedad del ayuntamiento, y este había apoyado e impulsado este plan, que generaba un beneficio injustificado a los promotores. Y claro, una cosa es discutir si se debían preservar unas cocheras de Metro sin la calificación de Bien de Interés Cultural, y otra esperar que se permita vulnerar la ley para que le salgan mejores números al promotor.

Obviamente, en este juego ideológico que dura décadas, defendido con más o menos pericia por los partidos políticos, y con más o menos sensibilidad del impacto que tiene en la sociedad sus decisiones, quienes no tienen una vivienda es una generación de españoles a la que poco podemos reprochar su desesperanza.

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