Cómo venimos comentando, la demanda de viviendas está creciendo en España a un ritmo muy superior al aumento de las viviendas disponibles, lo que está generando subidas de precios y otras dinámicas que hacen que disponer de un lugar donde habitar se haya convertido en una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad.
El asunto es que cuando los problemas son complejos, y especialmente cuando la política pone su foco en ellos, suelen aparecer soluciones peculiares. Y eslóganes.
Y gente arrimando el ascua a su sardina, con argumentos más o menos trabajados.
Entre las más recientes encontramos la petición de la Asociación Española de Oficinas, que afirma que podrían liberarse más de 20.000 viviendas si no se permitiese establecer oficinas en edificios residenciales. Es decir, acabar con la típica situación de encontrarte un notario o un dentista en un bloque de viviendas. No porque resulten actividades molestas para los vecinos, porque en ese caso ya se habría regulado hace mucho, sino porque legislar y prohibir es la forma más fácil y rápida para que la gente se comporte como nos gustaría. Y, de paso, que nos alquilen las oficinas a nosotros, pero eso seguro que es un detalle menor.
En lo que no parecen andar muy desencaminados es en que el problema de la vivienda es fundamentalmente una cuestión normativa, o como mínimo, nace de ella.
Según los promotores inmobiliarios el tiempo que se tarda en tener la aprobación de un nuevo suelo residencial donde poder construir viviendas está entre 10 y 15 años. Más de 30 años si hablamos de la Operación Chamartín. Por lo que es imposible que, aunque los precios estén elevados y quisiesen construir mañana mismo más viviendas, vayan a poder hacerlo en un plazo razonable.
El argumento de la Administración para este proceso tan largo e incierto es, el siempre loable, asegurarse de que el nuevo terreno disponible va a contar con los equipamientos necesarios para una vida digna (aunque luego te aprueben un PAU que no tiene transporte público y cuya entrada es una ratonera para los coches con los que conectarte con el resto de la ciudad).
Pero mientras filosofamos sobre cuál podría ser la solución a este problema generado por nosotros mismos a nosotros mismos (el proceso administrativo no es un proceso físico o biológico que nos haya sido dado por la Divina Providencia), van apareciendo soluciones para poner un techo sobre las cabezas de la gente, nuevamente navegando por la legislación.
Al final es conveniente encontrar la solución donde está la raíz del problema.
En este contexto han emergido con fuerza nuevas propuestas, como el Flex Living. En resumen, se trata de una solución habitacional mediante un alquiler de medio plazo, con ciertos servicios adicionales. Tú tienes tu sitio donde dormir, refugiarte y disponer de intimidad, pero no tiene el formato habitual de vivienda, en el que te compras o alquilas un piso.
Lo revolucionario del asunto es que legalmente no se considera proporcionar una vivienda, sino que es un servicio prestado por una empresa. Y para eso sí se puede construir en suelo terciario: los destinados habitualmente a oficinas y naves industriales. Muchísimo más abundante y muchísimo más barato.
Si tú quisieras construir una vivienda en un polígono industrial sería completamente imposible, y tendrías todas las licencias rechazadas por el organismo de turno, porque no está acondicionado para tener una vida digna. Pero si lo que quieres construir es un Flex Living (que es una denominación puramente comercial, no jurídica), entonces la cosa cambia radicalmente, porque ya no está sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que se considera un servicio de hospedaje. Y ahí a los legisladores ya no parece importarles que haga falta unos equipamientos mínimos para una vida digna. O algo así.
El principal problema de la vivienda quedaría resuelto, siempre que el usuario aceptase vivir en un formato diferente al tradicional.
Los humanos somos muy de costumbres, pero entre vivir con tus padres hasta la senectud (la tuya, no la de tus padres), compartir piso con gente más o menos desconocida y de hábitos peculiares, o tener tu propio espacio en un polígono industrial, estoy convencido de que una parte considerable de la población elegiría esta última.
Y de hecho está claro que es así cuando grandes fondos de inversión y empresas inmobiliarias ya están invirtiendo grandes presupuestos en la construcción de estos complejos de Flex Living. Como detalle, que parece trivial pero está lejos de serlo, la dimensión de estas promociones se mide en el número de camas que se van a habilitar, como lo sería en la construcción de hoteles.
Claro, pero entonces estas nuevas soluciones habitacionales suenan a los servicios de un hotel (una residencia temporal en la que tienes una habitación y unos servicios adicionales. Faltan cosas, pero lo básico está). De hecho, los alquileres de un Flex Living llevan IVA, como sucedería en un hotel pero no en un arrendamiento de vivienda. Así que los hoteles están pidiendo que se regulen estos espacios de Flex Living, porque a su entender suponen una competencia desleal.
Aún peor es con los alquileres turísticos, porque ahí encaja de lleno con el perfil que utiliza sus servicios. Al final un hotel vende una ubicación y una experiencia que puede hacer que el cliente valore pagar ese extra. Pero el viajero que quiere hacer turismo a precios más accesibles considerará de forma muy parecida alojarse en un AirBnB o en un Flex Living.
El caso es que como la Administración también ha dado licencias de alquiler turístico tiene que proteger de alguna forma aquella expectativa de negocio que razonablemente se han formado estos empresarios. Así que hace falta más regulación: los alquileres en Flex Living no pueden tener una duración inferior a dos semanas. Con esto ya evitas que sean competidores directos de hoteles y alquiler turístico.
Pero esto no acaba aquí. Hay gente que, como decíamos, estaría encantada de poder fijar su residencia en uno de estos Flex Living, ante la falta de alternativas más interesantes. Lo que sucede es que permitir que haya clientes de estos establecimientos por largas temporadas competiría con los arrendadores de vivienda actuales, y también queda un pelín incoherente que la Administración afirme que en un polígono industrial no se puede construir una vivienda porque no hay equipamiento, pero luego permita que alguien fije allí su residencia cuando se alquila a través de un servicio de Flex Living. De forma que también se ha regulado que el tiempo máximo de estancia en un Flex Living solo puede ser de doce meses.
El Flex Living podría ser una solución habitacional para decenas de miles de personas, y lo único que lo impide es la normativa.
Aunque es es un tema muy jugoso y daría para extenderse mucho, llegamos a nuestro límite autoimpuesto de consumo de vuestra atención dominical.
En la práctica, si pensamos en quienes residen en una habitación un tiempo mayor a dos semanas e inferior a doce meses, es evidente que está siendo demandado especialmente por estudiantes universitarios. Y esto libera algunas viviendas que hoy tienen alquiladas, pero podría ser una solución con mucho más impacto.
El caso del Flex Living nos permite evidenciar como el problema de la vivienda es fundamentalmente una cuestión normativa, pues es la Administración la que establece los criterios de equipamiento para un lugar donde vivir, y parece que el criterio es bastante arbitrario. ¿No tendría sentido flexibilizar los requisitos normativos para dar una solución subóptima a los ciudadanos antes que no darles ninguna?
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